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“La pobreza energética es sólo una de las consecuencias de la situación de crisis económica, ambiental y social que vivimos, donde miles de personas no tienen recursos suficientes para poder cubrir sus necesidades más básicas, entre las que se encuentran el consumo de energía eléctrica y térmica. No obstante, la particularidad de la pobreza energética es que es, principalmente, un problema regulatorio, y como tal, se puede solucionar o al menos aliviar sustancialmente mediante cambios normativos.”

 

En este artículo, publicado en el Colegio de Ambientólogos de Catalunya (leer aquí), Daniel Pérez explica las deficiencias regulatorias que hacen que en el sistema actual de bono social las personas con pobreza energética no se puedan beneficiar de él, y en cambio, otras personas que no están en esa situación, sí que lo hagan.